Publicado el 6 Enero, 2015 a las 3:56 pm

Breves Noticias y Reflexiones Antirepresivas

El siguiente artículo fue escrito para ser publicado en el pasquín Verba Negra, de Valpo. en el N°13, próximo a salir en papel.

ley

El Estado en su labor represiva se ve obligado de vez en cuando a hacer ciertos reacomodos tácticos, orientado siempre por su estrategia a largo plazo (mantener la dominación usando el terror para que la rebelión nunca se generalice alcanzando niveles que ya será incapaz de soportar).

A nivel global, ocupa una estrategia antiterrorista que se diseña desde un alto nivel en organismos especializados de la cooperación inter-estatal (policías, agencias encargadas del sistema penal, etc).

En España ya habíamos podido ver, en una atenta lectura del auto de procesamiento de los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero, que el esfuerzo de todos estos organismos encargados de distintas fases de la represión está centrado en construir al anarquismo como terrorismo, en contra del sentido común más elemental que alcanza hasta al Diccionario cuando se define al terrorismo como una estrategia de dominación (¡nunca de resistencia contra la dominación!). A tal efecto, se insiste en una especie de paralelismo entre el anarquismo insurreccional y el yihadismo contemporáneo. En ambos casos, dicen, es posible que la actividad terrorista sea ejercida por células autónomas, que no necesitan ni siquiera conocerse entre sí, y que encuentran su unidad práctica al atacar a un enemigo que tienen claramente definido. Mientras en el caso de los anarquistas el teórico es Bonanno, “la táctica insurreccional (…) utilizada por las células de base yihadistas, (es) teorizada, en este caso, por Abú Musab Al Suri, más conocido como Mustafá Setmarian, a mediados de los años 90 y puesta en práctica a medida que los sistemas de seguridad estatales y su coordinación consiguieron dificultar los contactos y movimientos de terroristas internacionalmente”.

En el intertanto, durante el 2014 pudimos apreciar cómo en Chile el énfasis inicial de la coalición burguesa socialdemócrata de la Nueva mayoría (que venía de criticar desde la oposición la aplicación de la Ley Antiterrorista) dio paso a una nueva relegitimación de dicha normativa por la vía de invocarla ya una decena de veces, haciendo frente a una nueva oleada de atentados explosivos que incluyeron las acciones de todos conocidas en el metro de Santiago (marcando aparentemente una nueva tendencia en cuanto al tipo de lugar y horario escogido), las que le suministraron el pretexto perfecto para poder subirse al carro del antiterrorismo olvidando el pudor que a inicios de año sentían, por ejemplo en el primer juicio contra el compañero Víctor Montoya, donde la Intendencia Metropolitana cambió la calificación “terrorista” inicial a la de delito común. Tras ser absuelto Montoya en el mes de junio, el juicio fue anulado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, justo dos días después del atentado en Escuela Militar, y en el segundo juicio –que también terminó en absolución de todos los cargos- la Intendencia (reforzada por abogados del Ministerio del Interior) volvió a insistir en que se trataba de delitos terroristas.

Ese cambio de énfasis (desde una crítica “derecho-humanista” a la Ley antiterrorista a un uso no culposo de la misma) se tradujo también en un Proyecto de nueva Ley antiterrorista, que en lo esencial viene a tratar de corregir algo que se hizo evidente durante el fracaso del Caso Bombas por ahí por el año 2011: que es imposible en el marco legal vigente encuadrar a los antiautoritarios en el marco de una “asociación ilícita”, dado que la regulación de la misma en el Código Penal implica que se debe tratar de una organización además de estable y permanente, jerarquizada.

Para sortear ese importante escollo, que hasta ahora les garantizaba sucesivos fracasos en el intento de criminalizar organizativamente al anarquismo, la nueva propuesta es bastante clara en cuanto a que lo que se pretende es prescindir de “diferenciar posiciones jerárquicas susceptibles de ser ocupadas por los miembros de la organización”, “abriendo la posibilidad de que organizaciones horizontalmente constituidas resulten abarcadas por la tipificación” (Informe de la comisión de expertos sobre la regulación jurídica de las conductas terroristas, octubre de 2014). Por su parte, en el Mensaje del proyecto de ley presentado por el Gobierno en noviembre del 2014 se realza esta misma idea señalando que “se ha huido de descripciones rígidas y jerarquizadas de una asociación ilícita común”. Así, se propone la figura de la “asociación criminal terrorista”, que se define vagamente según a ciertos criterios: “cantidad de sus miembros, dotación de recursos y medios, división de tareas o funciones, y capacidad de planificación e incidencia sostenida en el tiempo” (art. 1).

También se proyectan modificaciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos, y bajo el pretexto de la nueva regulación del terrorismo se propone incorporar al Código Procesal Penal todo un nuevo título relativo a investigación de “delitos complejos” (o sea, todo lo que se escapa de la actividad más simple y habitual de encarcelamiento y castigo de pobres por delitos comunes y fáciles de probar como hurtos y robos, que a la estupidez promedio de un fiscal no le significan un gran desafío), y que incluyen superpoderes para la Inteligencia policial y el uso y abuso de agentes encubiertos y provocadores.

Todo esto se relaciona además con la cacareada colaboración entre los represores del Estado de Chile y el de España, tal como se encargó de publicitar la prensa burguesa durante la reciente visita del Ministro del Interior español Jorge Fernández, que declaró que “los nexos detectados entre terroristas chilenos y españoles justifican la cooperación intensa entre los dos gobiernos”, y detalló una serie de actividades en el marco de dicha colaboración, “traspasando la experiencia recogida en su país en los largos años de lucha contra el terrorismo de ETA y jihadismo”. Olvidaron por cierto mencionar la larga experiencia de franquistas y “socialistas” españoles en ejercer la actividad terrorista directamente desde los órganos del Estado, como quedó en evidencia en su tiempo con los infames GAL (“Grupos Antiterroristas de Liberación”, activos en los 80 y financiados desde el Ministerio del Interior).

Pocos días después de estos anuncios, la policía española se dejó caer sobre numerosos espacios e individualidades anarquistas en territorio español, en la denominada Operación Pandora, que dejó a 7 compañeros/as en prisión sin fianza. Las similitudes con el caso Bombas, y antes de eso, con el Caso Marini en Italia, no son meras coincidencias. Además de llamar a la solidaridad urgente, apostamos a que una vez más la operación termine en un completo fracaso.

Escrito por Un Abogado Ilegalista

Extraido de Verba Negra

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Publicado el Martes 6 Enero 2015 a las 3:56 pm
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